Los desaparecidos de Bucareli

En el marco de la presentación del informe de Human Rights Watch (HRW) sobre desapariciones de personas, la Secretaría de Gobernación refirió la existencia de una base de datos que contiene el registro de cerca de 27 mil casos, supuestamente gestionada durante la administración anterior. Si bien la Secretaría de Gobernación aclaró no conocer el contenido de la supuesta base de datos ni la forma en la que metodológicamente se encuentra construida, en su posicionamiento institucional contrastó esa cifra con los casos a los que hace referencia el informe de HRW. Quizá la confusión en las cifras de la Secretaría de Gobernación fue causada por dicho informe (antes de presumir el dolo es preciso agotar la hipótesis de la candidez). La organización hace referencia a 249 casos, de los cuales afirma contar con evidencia de la participación de autoridades en 149 casos. En cuanto a los 100 restantes sostiene que “no se puede determinar, a partir de la evidencia disponible, si hubo participación de actores estatales (...) si bien esa posibilidad no queda excluida”. A juicio de HRW, esos 100 casos sin evidencia se ligan al universo de supuestas desapariciones forzadas, dada una supuesta “lista provisoria” elaborada por Gobernación y la PGR que da cuenta de 25 mil casos de desaparecidos, “filtrada” y publicada en noviembre de 2012 por dos periódicos estadunidenses. Luego concluye: “Si bien esa lista contiene información incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, la cifra no deja lugar a dudas sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones”. En castellano: los casos documentados y no documentados se convalidan tácitamente en una lista supuestamente oficial que registra miles de casos no resueltos. Una lista que al momento de ser publicada fue negada por la propia PGR, pero que ahora es confirmada en su existencia por Gobernación. Una cifra que no se corresponde con ningún dato o registro oficial, pero que campea en los dichos de funcionarios federales. Una base de datos que debe ser pública porque así lo mandata la ley, pero que está en el cajón de alguna dependencia de gobierno. Al parecer, un silencio indolente en los tres primeros meses de la nueva administración.

La nueva Ley General de Víctimas reconoce el derecho de víctimas, familiares y de la sociedad de conocer la verdad y recibir información sobre circunstancias de hecho en que ocurrieron actos ilícitos o violaciones a derechos humanos en los casos de personas fallecidas, desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas. En consecuencia, la base de datos que supuestamente encontró Gobernación debe ser publicada de inmediato con el propósito de ofrecer datos sobre el destino o paradero de las víctimas, de modo que sea efectivo el derecho de los familiares a exigir a las autoridades que realicen todas las diligencias necesarias para su plena localización. Pero también, debe ser pública para que se pueda contrastar con otros registros sí claramente oficiales de personas desaparecidas o extraviadas. Y es que desde septiembre de 2011 y hasta la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, Províctimas tenía a su cargo el deber de apoyar la búsqueda de personas e integrar expedientes de personas reportadas como desaparecidas. A partir de abril de 2012, está vigente la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que faculta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a integrar un registro nacional. En la página electrónica de la PGR existe un registro de mil 314 reportes de personas extraviadas, sustraídas o ausentes, que incluye reportes incluso muy anteriores a 2006, visible para que el público en general pueda aportar elementos que conduzcan a su localización. Las procuradurías locales tienen la obligación de proveer información sobre personas no localizadas en sus respectivas entidades. Ninguno de estos registros cuadra con la cifra validada por Bucareli. Peor aún, la Secretaría no tuvo el cuidado de distinguir entre los distintos supuestos de no localización de los casos registrados en esa supuesta lista. Conforme a las leyes vigentes y los tratados internacionales, no es lo mismo una desaparición forzada, un secuestro o un extravío. Las circunstancias y autores son diametralmente diferentes en cada modalidad. Y también, por cierto, la respuesta debida del Estado y de la sociedad.
Publicar la base de datos es deber legal, ético y político. Es deber frente a los familiares de las víctimas y frente a la sociedad. Pero también es necesidad estratégica. Mientras no aclaren objetiva y oficialmente las cifras de personas no localizadas, tendrán el deber de resolver los poco más de 27 mil casos que Gobernación ha dicho que recibió. Y difícilmente podrán alegar que son los desaparecidos de un gobierno anterior. Son, desde que tomaron el gobierno, los desaparecidos de Bucareli.
                Senador de la República
                roberto.gil@senado.gob.mx

Columnista: 

Roberto Gil Zuarth